Latinos denuncian indefensión ante acusaciones policiales

La boliviana Rocío R. le creyó al ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba cuando dijo que ya no habría más cupos para detener inmigrantes. Confiada de lo que había leído y escuchado, se atrevió a encarar a los policías nacionales que le exigían la documentación a la entrada del metro de Avenida de América.

Tras enseñarles su tarjeta de residencia, les preguntó si era legal hacer redadas y, disimuladamente, comenzó a grabar con su móvil la situación. “Cuando se dieron cuenta, me quitaron el móvil, dejaron en libertad a los demás inmigrantes y me montaron en la patrulla”, cuenta Rocío.

La pesadilla continuó en la comisaría de Pío XII, donde permaneció recluída dos días en el calabozo. Al salir, se encontró con la desagradable sorpresa de que los policías la habían acusado de “atentado contra agente de la autoridad”, un cargo que se aplica cuando ha habido agresión física.

Lo más grave de la acusación es que si un juez la confirma, su hoja de vida se verá manchada con antecedentes penales, imposibilitándole la renovación de sus papeles o la obtención de la nacionalidad española.

El abogado de oficio que está llevando la causa considera “un abuso mantener retenida a una persona durante cuarenta y ocho horas por quejarse”. El letrado confía en poder rebajar el cargo de “atentado” a una mera falta, evitando así que Rocío R. quede registrada penalmente.

Menos grave, pero igual de significativo es el caso de Soterio Fernández, un peruano nacionalizado español que libra una batalla legal para hacer valer su verdad. Los hechos se remontan a marzo de 2008, cuando varios policías nacionales entraron en un locutorio de Ciudad Lineal con el fin de identificar a todos los clientes que se encontraban dentro del local.

Fernández, sorprendido por la operación, se arriesgó a preguntar si tenían permiso de registro para esa operación. Los agentes del orden replicaron que ése era su trabajo y revisaron minuciosamente su DNI.

Fernández casi había olvidado el incidente cuando recibió la notificación de una multa de 300 euros por “negarse a identificar”. Un año después y tras contestar tres notificaciones y tocar la puerta del Defensor del Pueblo, Fernández se niega a tirar la toalla. “El Defensor me ha contestado que la Ley favorece la versión de los agentes tiene presunción de veracidad, salvo prueba en contrario”, cuenta este peruano. Tras esta respuesta, cabe preguntarse ¿quién defiende al ciudadano?